INTRODUCCIÓN
Uno de los avances recientes del derecho positivo mexicano, resultante de reivindicaciones que se comenzaron a perfilar al inicio de la segunda mitad del siglo XX para constituirse en un clamor ciudadano desde los comienzos de esta centuria, ha sido el reconocimiento constitucional de los derechos de las víctimas.
En efecto, a la luz de los postulados de la teoría de los derechos humanos y de una visión sociológica del derecho, se fue dejando de lado la concepción conforme a la cual era solamente a los inculpados de delitos a quienes debía protegerse del abuso de poder del Estado, para darse paso a un derecho procesal que hiciera posible la ejercibilidad de los derechos de las víctimas, el cual ha sentado sus bases con el reconocimiento de estos derechos en el apartado C del artículo 20 constitucional.
Por otra parte, en las dos leyes sobre trata de personas que se han sucedido en México en menos de un lustro, estos derechos han sido desarrollados de conformidad con las particularidades propias de quienes son atrapados en este delito (los factores que los hacen vulnerables y las consecuencias que la trata tiene en ellos), y se ha establecido la obligación de las instituciones del Estado de garantizar que sean ejercibles. En consecuencia, en menos de 5 años, en las instituciones de gobier-no se han ido creando, aceleradamente, herramientas para ir respondiendo, cada vez con mayores eficiencia y eficacia, a la obligación de atender a las víctimas, y se ha ido consolidando un saber orientado a que esa atención sea integral y restitutiva de derechos.
Sin embargo, no es solamente ahí en donde hay un conocimiento sobre esta atención integral; desde mucho antes de que se legislara en la materia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya estaban denunciando la existencia de la trata de personas y respondiendo a las necesidades de sus víctimas; por tanto, es en dichas organizaciones en donde se tiene, de mayor data, un conocimiento práctico de las necesidades de quienes son atrapados por la trata de personas, y de las barreras que impiden la satisfacción integral de esas necesidades, y una capacidad de proponer formas de colaboración para abatir esas barreras. Sus propuestas nos permitieron identificar qué servicios se necesitan para una atención integral y determinar una posible ruta interinstitucional a seguir.
Una cuestión reconocida por quienes saben sobre la materia, es que la atención a las víctimas de trata tiene un grado de complejidad tal que requiere de un abordaje interdisciplinario con la participación de todas las instituciones a las que toca prestar los servicios que necesitan estas víctimas y sus familias (de salud física y mental, educativos, laborales, de guarda y cuidado de infantes, de albergue…).
Pragmáticamente, y movidos casi siempre por la urgencia de las necesidades de las víctimas que se les acercan, tanto servidores públicos como prestadores de servicios en las OSC han ido marcando caminos de colaboración en este sentido. En ese tránsito, han aprovechado oportunidades pero también identificado escollos que aún hay que salvar (impedimentos admi-nistrativos, necesidades para las que todavía falta crear respuestas…), en algunos casos mediante reformas legislativas, pero la mayoría de las veces mediante ajustes a la normatividad institucional y la instauración de mecanismos de colaboración.
Con esta propuesta1 pretendemos aportar claridad sobre los caminos ya abiertos. Se trata apenas de una recopilación ordenada de los conocimientos de quienes han acumulado saber y experiencia sobre la atención a víctimas, no solamente de trata de personas, sino de violencia de género y de otros delitos cometidos en relaciones de poder, como las agresiones sexua-les; un saber que nos fue transmitido por medio de entrevistas y de documentos (estudios, manuales, protocolos…). Quizá su mayor aporte es que se identifica y deja descrita, una posible ruta de referencia y contrareferencia por la que las víctimas han de caminar, sin ser revictimizadas, hasta empoderarse, reinsertarse y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Quizá también, ponga un granito de arena en la construcción de una verdadera política de Estado sobre la atención a las víctimas, la cual, a nuestro entender, es uno de los componentes de la recuperación de la paz social de México.
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